El spring del euríbor hacia el alza y unos pronósticos nada alentadores de que España continuará su camino hacia la estanflación en el 2023, con alta inflación y un Producto Interno Bruto (PIB) casi paralizado, mantienen en ascuas a muchos españoles, especialmente aquellos que tienen hipotecada su vivienda principal.
Los recuerdos de la recesión y el estallido de la burbuja hipotecaria en el 2008 todavía están muy vívidos y el temor de que se repita la historia no son cosa menor. Además, la posibilidad de que la actual crisis energética se transforme en una crisis financiera y aumente el paro han hecho que banca y Gobierno decidieron negociar un rescate de los hipotecados de cara a estos escenarios, especialmente de aquellos de tipo variable que son las que más se verán afectadas por el aumento acelerado del euríbor.
Reducción de la tasa de esfuerzo
El primer paso a implementar en este rescate, que debería ejecutarse a partir del 1 de enero del 2023, sería la adaptación del Código de Buenas Prácticas Bancarias (en vigencia desde el 2012) con la reducción del porcentaje que supone la hipoteca respecto a los ingresos (tasa de esfuerzo) a fin de acceder más fácilmente a las extensiones, reestructuraciones y quitas que se establece en el mismo.
Actualmente, el Código de Buenas Prácticas contempla que, para aplicar las medidas previas a la ejecución hipotecaria, las cuotas deben superar el 50 % de los ingresos netos de toda la unidad familiar y la idea es reducirlo a 40 %.
Extensión del vencimiento del crédito
Igualmente, se espera que el sector crediticio extienda el vencimiento de las hipotecas a fin de suavizar los montos de las cuotas respectivas. De hecho, una de las principales medidas en discusión es que las hipotecas de tipo variable pasen a tipo fijo mediante el alargamiento del plazo de financiamiento, con el objetivo de moderar las cuotas mensuales en los próximos meses cuando se produzcan las revisiones y el euríbor ronde el 3 %.
Esto difiere de la propuesta inicial que era poner un tope al tipo de interés, pero el objetivo sigue siendo el hacer frente a un aumento exacerbado de las tasas y, por ende, de las cuotas, especialmente de aquellas tipo variable, ya que con un exiguo aumento salarial y la inflación en alza, los ingresos se devalúan y el riesgo de caer en impagos aumenta.
De por sí, en este panorama, las familias de renta baja no son las únicas afectadas, pues las familias de ingresos medios ya están siendo tocadas, por lo que se prevén medidas también para evitar mayores afectaciones, como es la obtención de ampliaciones de plazo y carencias para aquellos deudores que se encuentren en potencial dificultad, con la posibilidad ingresarlos a una categoría de vigilancia especial.
Negociación de créditos con aumentos superiores al 30 %
Sin embargo, la propuesta inicial del Gobierno de una medida masiva está descartada ya que esto le traería problemas de provisiones a los bancos. En contraposición, las entidades financieras y crediticias han planteado negociaciones individuales con sus clientes, especialmente de aquellos cuyas cuotas hayan tenido un aumento superior al 30 %.
Este porcentaje implicaría “una alteración significativa” de la situación económica o familiar, solo que no sería necesario cumplir con los “cuatro años previos a la solicitud” exigido por el Código de Buenas Prácticas Bancarias.
Fondos de rescate de las hipotecas, descartados por ahora
Por lo menos para lo que resta de 2022, el Gobierno ha descartado un fondo de rescate de las hipotecas como el propuesto por la Unión General de Trabajadores (UGT) para familias vulnerables, es decir, aquellas cuyos ingresos totales sean inferiores al salario medio en España (el último dato del INE en 2020 lo sitúa en 1.797 euros mensuales) y las unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad social o dependencia (menores de edad a cargo, personas con discapacidad, tercera edad, víctimas de violencia de género).
Se preveía que los ingresos para este fondo provinieron del “impuestazo” de 4,8% establecido para las comisiones de la banca -no trasladables al cliente- y que supondría un aumento de las recaudaciones superior a los 500 millones de euros.
Gobierno hipotecas variables
No obstante, por ahora, el Gobierno ha descartado esta posibilidad y le ha lanzado la pelota de la responsabilidad a la banca para implementar medidas de protección para sus clientes. De hecho, más que el Gobierno, las entidades bancarias son las más interesadas en no cometer el mismo error de la anterior crisis cuando se produjo una gran oleada de desahucios.
La idea es actuar mientras haya margen de maniobra, ejecutando algunas posibles soluciones, antes de que la situación sea alarmante y haya un aumento notorio de la morosidad, por lo que aplicar esta red de seguridad entre el banco y sus clientes evitaría la desestabilización del sector financiero en general y la recesión en puertas.
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